David Nievas | 13 Mayo 2013
Tras la intervención militar francesa (operación Serval) iniciada en enero de 2013 y la aprobación de una misión de Naciones Unidas para Malí (CS/RES/2100 (2013)) a finales de abril, la atención política en Mali se centra en la celebración de las elecciones presidenciales del próximo julio. Los comicios, previstos en abril 2012 y cancelados por la junta golpista, han sido anunciados por el gobierno transitorio para el 7 de julio 2013 y, si fuese necesaria una segunda vuelta, el día 21. Esta cita electoral forma parte de la hoja de ruta aprobada por la Asamblea Nacional para la finalizar la transición iniciada tras el golpe de Estado de marzo 2012. Sin embargo, existen serias dudas sobre la posibilidad de que estas elecciones puedan tener lugar en el plazo establecido.
Los principales candidatos con opciones ya han comenzado la pre-campaña electoral con normalidad y se muestran favorables a la celebración de los comicios, cuyo objetivo es la búsqueda de un gobierno legítimo que permita avanzar en las recomposición del país tras la doble crisis securitaria e institucional. Sin embargo, algunos candidatos y, en especial, la oposición empiezan a manifestar sus dudas sobre la organización de las elecciones sabiendo del retraso técnico que hay y, por tanto, la posibilidad de que se organicen defectuosamente. Este pesimismo también ha surgido en dos de los organismos involucrados en la organización de las elecciones, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) y la Dirección General de las Elecciones (DGE). El presidente de la CENI ha declarado recientemente que es difícil mantener la fecha del 7 de julio debido a que hay unas “condiciones previas” que todavía no se han satisfecho. En contraste, el gobierno transitorio se muestra optimista a través del presidente Traoré y del Ministerio de la Administración Territorial y de Ordenación del Territorio, el otro organismo encargado de la organización de la cita electoral.
A pesar de que el norte del país ha sido liberado, los atentados y los ataques de guerrilla por parte de los grupos armados son frecuentes en las principales ciudades y en el medio rural. Asimismo, las autoridades malienses deben afrontar el gran desafío que suponen los miles de desplazados internos y refugiados malienses que ha provocado el conflicto. Se calcula que cerca de 500.000 malienses han huido de sus casas durante los más de 12 meses que dura el conflicto y no está claro cómo van a votar. A día de hoy la administración maliense apenas ha regresado al norte del país y los preparativos técnicos y la financiación externa de las elecciones van más despacio de lo que se esperaba. A estos problemas se añade un escollo político en el norte. Los tuaregs secesionistas del MNLA (Movimiento Nacional de Liberación del Azawad) no quieren que se celebren elecciones en la principal localidad del extremo noreste del país, Kidal, que mantienen bajo su dominio y donde han prohibido la entrada al ejército maliense.
A pesar del refuerzo de la autoridad del presidente interino Traoré, el líder golpista Amadu Sanogo mantiene su influencia en la vida política del país. El capitán se ha declarado a favor de la celebración de las elecciones siempre y cuando éstas “sean bien llevadas”. Nombrado oficialmente presidente del nuevo organismo nacional encargado del seguimiento de las reformas militares, Sanogo conserva cierto poder que plantea incógnitas sobre su participación e influencia en las elecciones y en el periodo poselectoral.
Francia apoya decididamente la celebración de elecciones en julio y ejerce presión sobre Bamako para que se mantengan los plazos. El presidente Hollande se ha declarado “inflexible” sobre la celebración de las elecciones presidenciales antes de fin de julio. París desea que se construya cuanto antes un poder central legitimado por las urnas cuando ya ha comenzado la retirada progresiva de sus 4.000 soldados desplegados en el país.