David Nievas | 15 Jul 2016
El acuerdo de paz firmado entre los grupos rebeldes y el gobierno de Mali cumplió un año el pasado 20 de junio. El balance de su aplicación es pobre por el momento y ha chocado con la oposición de varios sectores de la población. Lo último, una manifestación en contra del gobierno y la aplicación de los acuerdos de paz convocada por la juventud de Gao, una de las principales ciudades del norte, que se saldó con la muerte de 3 manifestantes por disparos del ejército.
La personificación del cambio que representaba el presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita (conocido como IBK) en su elección en el verano de 2013 se ha diluido poco a poco ante los ojos de la ciudadanía. Si el presidente irrumpió con fuerza gracias a un resultado electoral contundente sobre sus adversarios, las acusaciones de corrupción, de nepotismo y de mala gestión en casi todos los asuntos del país han ido menoscabando su imagen del político fuerte y firme que necesitaba Mali para hacer frente a los graves desafíos que se presentaban en 2013. Uno de los desafíos a los que se enfrenta es la resolución de la rebelión árabe y tuareg en el norte del país, fruto de más de 50 años de conflicto. La firma de los acuerdos de Argel el 15 de mayo y ratificados por los grupos rebeldes el 20 de junio de 2015 abrieron una ventana de esperanza de una resolución pacífica y definitiva del conflicto que el país y las vulnerables poblaciones del norte del país y los miles de refugiados en los países vecinos sufren diariamente.
La aplicación de los acuerdos de paz por el gobierno de IBK se ha revelado lenta, y como era de esperar, plagada de obstáculos. A la debilidad del Estado en el norte se suma la atomización de los grupos armados rebeldes y la aparición de una serie de grupos pro-Bamako que han contestado sobre el terreno las posiciones de los rebeldes, lo que ha dificultado la negociación de la aplicación de los acuerdos. Pero últimamente las dificultades se están trasladando a las calles de Mali, donde han sido crecientemente contestados desde algunos sectores de la sociedad maliense. La oposición política, adormecida desde el inicio de la legislatura, parece coger impulso en la calle – y en el parlamento- con la reciente organización de una manifestación en contra de la acción del gobierno, ausente en muchos dominios del Estado y en el territorio, y de lo que consideran como una mala gestión de la aplicación de los acuerdos de paz que beneficiaría la “partición del país” en favor de los grupos que tomaron las armas en 2012. Uno de los puntos que mayor oposición acoge en el estado actual de la aplicación de los acuerdos es la instalación de unas autoridades interinas en las distintas regiones del país, que para sus detractores equivaldría a la sustitución por decreto de las autoridades electas por unas presumiblemente en relación con la rebelión en las regiones del norte. Fruto del descontento hacia la gestión de la aplicación de los acuerdos, la juventud de la ciudad de Gao se manifestó el pasado día 12 de julio, con el saldo de al menos 3 manifestantes muertos y 30 heridos por disparos del ejército maliense. Las consecuencias de estos hechos están todavía por ver, pero pueden ser preocupantes para el gobierno que tiene problemas para recuperar legitimidad y confianza ante ciertos sectores de la población que tienen la impresión de que es demasiado complaciente con los grupos tuaregs que se levantaron en armas contra el Estado en el 2012.
El camino no parece fácil para el gobierno de IBK que, en mitad de su mandato presidencial, continúa realizando gestos enfocados a la acomodación de las instituciones a las disposiciones de los acuerdos de paz que conducirán a la República de Mali hacia una mayor descentralización regional. El presidente ha realizado un nuevo ajuste en el consejo de ministros– y ya van 5 en casi 3 años- y ha encargado a una comisión de expertos la revisión de la Constitución acorde con los acuerdos de paz, reforma que deberá de ser avalada en los próximos meses por la ciudadanía en un referéndum y que sin duda será considerado como una evaluación a la gestión de IBK.
